El Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones es una obra histórica e inédita que la Cámara de Representantes concluyó el 3 de diciembre del año 2009 y actualiza de manera ininterrumpida desde entonces. Reúne y ordena todas las leyes provinciales vigentes y se consolidó como una política pública estratégica que brinda certeza sobre cuáles son las normas en vigor y cuál es su texto actual, fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad institucional, facilita el trabajo de legisladores, jueces, funcionarios y equipos técnicos, y acerca el derecho a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas y recursos en lenguaje claro.

El proceso se inició durante la presidencia del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, se profundizó durante la presidencia del doctor Oscar Herrera Ahuad y atraviesa una nueva etapa con la presidencia del ingeniero Sebastián Macías, con énfasis en la modernización tecnológica, la accesibilidad y el trabajo conjunto con municipios y organismos estatales.

Durante más de cincuenta años de vida institucional, la provincia sancionó miles de normas. Muchas se superponían, se contradecían, permanecían dispersas o habían perdido vigencia. Esa “inflación legislativa” generaba incertidumbre: no siempre se conocía con claridad qué normas seguían vigentes, qué significaban y cuál era su alcance.

Para revertir esa situación, la Legislatura sancionó en el año 2008 la Ley Nº 4465, que estableció la consolidación normativa como base para elaborar el Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones. La norma se aprobó por unanimidad y contó con un fuerte impulso político desde la Presidencia de la Cámara.

A partir de esa ley se definió, en primer lugar, un método de trabajo y un uso eficiente de los recursos disponibles: se realizó un diagnóstico de las capacidades existentes en la Cámara de Representantes, se diseñó una metodología específica para el análisis normativo y documental y se incorporaron recursos técnicos, informáticos y humanos especializados. En segundo lugar, se consolidó una alianza académica con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que aportó experiencia y software específico utilizado en otros procesos de Digesto del país, adaptado a las necesidades y particularidades de Misiones. Finalmente, se conformó un equipo interdisciplinario y se promovió la participación de todo el Estado provincial, integrando abogados, contadores, estudiantes avanzados de abogacía, bibliotecarias, analistas de sistemas y personal especializado de distintas áreas legislativas, convocando a los tres poderes del Estado y a los organismos de la Constitución para que designaran representantes.

El 1 de abril del año 2009, con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes, se dió inicio formal a la primera etapa de trabajo, centrada en el análisis normativo y documental del universo de leyes provinciales.

La Ley de Consolidación Normativa Nº 4526, en vigencia desde el 28 de enero del año 2010, aprobó el Digesto Jurídico de la Provincia de Misiones. En ese instrumento se unificaron las leyes y normas con fuerza de ley sancionadas desde el nacimiento de la Provincia, a partir de la Ley Nacional Nº 14.294 de 1953.

Para garantizar la continuidad y la calidad técnica del proceso, en el año 2010 se creó la Secretaría Legislativa a cargo del Digesto Jurídico mediante la modificación del Reglamento de la Cámara de Representantes (Resolución Nº 19-2010/11). Una nueva reforma en el año 2011 (Resolución Nº 27-2011/12) incorporó su intervención específica en el trámite parlamentario.

La Secretaría Legislativa a cargo del Digesto Jurídico tiene como misión analizar las leyes sancionadas por la Cámara desde una perspectiva normativa, documental y epistemológica; consolidar las normas en textos únicos, actualizados y coherentes; administrar y desarrollar la plataforma digital del Digesto; acompañar, asesorar y capacitar a municipios y organismos provinciales; y difundir el sistema a través de materiales y dispositivos en lenguaje claro que facilitan su apropiación ciudadana.

El Digesto Jurídico utiliza el método de la consolidación normativa, que permite obtener textos únicos que integran todas las modificaciones expresas y, al mismo tiempo, detectar y corregir contradicciones, redundancias, dispersiones, normas implícitamente derogadas y otras patologías del sistema legal. El resultado es un ordenamiento más coherente, estable y comprensible.

Hoy en día, el Digesto reúne más de mil cuatrocientas leyes vigentes. Cada año, al finalizar el período legislativo, se actualiza mediante nuevas leyes de consolidación normativa, entre ellas las Leyes IV – Nº 53, 57, 61, 63, 66, 70, 73, 79, 84, 87, 92, 95, 98, 100, 103 y 104, que integran sucesivas actualizaciones del sistema legislativo provincial.

La continuidad de estas consolidaciones asegura un cuerpo legislativo ordenado y estable, con textos permanentemente actualizados y certeza sobre qué leyes están vigentes y cuál es su redacción actual. Esa previsibilidad fortalece la planificación pública, el desarrollo económico y la protección efectiva de derechos.

En los últimos años la Secretaría profundizó la modernización tecnológica del Digesto Jurídico a partir de un sistema informático descentralizado, desarrollado con recursos humanos, técnicos y económicos propios, que brinda a la Legislatura, a cada municipio y a cada organismo estatal acceso propio para ordenar, clasificar y tratar sus normas. Esta gestión digital elimina archivos dispersos, mejora la trazabilidad normativa y fortalece la memoria institucional.

El procesamiento y la estandarización normativa se realizan con software que aplica criterios uniformes para leyes, ordenanzas y reglamentos, lo que reduce duplicaciones y contradicciones y contribuye a un lenguaje jurídico más claro y consistente en toda la provincia. Al mismo tiempo, la incorporación del Pack de Accesibilidad permite que personas con discapacidad consulten las normas de manera autónoma, orientando la herramienta hacia la igualdad en el acceso a la información jurídica.

La interoperabilidad entre leyes provinciales, ordenanzas municipales y reglamentaciones de organismos produce un mapa normativo único al servicio de la ciudadanía y de la gestión pública. Sobre esa base, el Digesto también desarrolla estrategias de comunicación en lenguaje claro: incorpora recursos pedagógicos como el podcast “Leyes en Foco”, materiales explicativos y presencia en redes sociales que traducen el lenguaje técnico a formatos comprensibles y conectados con la vida cotidiana.

La página web del Digesto Jurídico recibe consultas diarias y ofrece búsquedas por tema, número de ley y otros criterios, mientras que la versión digital distribuida en dispositivos electrónicos facilita el acceso a la normativa sin conexión a internet.

La Secretaría Legislativa a cargo del Digesto Jurídico extiende esta política pública a municipios y organismos provinciales mediante convenios de colaboración, asistencia técnica y capacitación. Estos procesos suelen transitar por etapas sucesivas de relevamiento y digitalización de normas, análisis normativo y documental, consolidación, formación de equipos locales y puesta en marcha de plataformas digitales.

Con la asistencia técnica de la Secretaría se finalizaron, entre otros, los Digestos Jurídicos Municipales de las localidad de Posadas, Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, Oberá, Montecarlo, Cerro Azul, 25 de Mayo, Garupá, San Ignacio, Puerto Rico, Apóstoles y San Pedro, así como los Digestos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC).

Durante 2025 se fortaleció este trabajo territorial con nuevas consolidaciones y capacitaciones. Entre los hitos del año se destacan la segunda consolidación del Digesto de Garupá; las capacitaciones en Iguazú, Caraguatay y Puerto Rico en las etapas finales de análisis y adecuación normativa; la cuarta consolidación de Montecarlo, Leandro N. Alem y Cerro Azul; la quinta consolidación del Digesto Jurídico de Oberá; la segunda consolidación del Digesto de San Ignacio; la tercera consolidación de los Digestos de 25 de Mayo y Aristóbulo del Valle; y la decimotercera consolidación del Digesto Jurídico de Posadas. Este conjunto de avances configura un mapa normativo provincial en el que la Cámara, los municipios y los organismos estatales comparten un método, un lenguaje técnico y una plataforma tecnológica común.

Además del Digesto provincial y de los Digestos municipales y de organismos, la Secretaría Legislativa elabora y difunde compendios temáticos a solicitud de distintos ministerios, áreas del Poder Ejecutivo, de universidades y otros. Estos compendios organizan la normativa vigente en torno a ejes específicos y se utilizan como apoyo para la gestión pública, la formación de equipos y el trabajo en territorio.

Entre otros, se desarrollaron compendios vinculados a salud, ambiente y cambio climático, agricultura familiar, niñez y adolescencia, discapacidad, hábitos saludables, cultura, género, conmemoraciones, capitales, fiestas y días provinciales, industria, creencias religiosas, seguridad, deporte y recreación, innovación educativa e identidad misionera. Cada uno de ellos ordena y hace más accesible la legislación de su temática, convirtiéndose en una herramienta de consulta para decisores, equipos técnicos y ciudadanía.

El Digesto Jurídico de Misiones no es solo una base de datos de leyes, sino una plataforma de gobernanza normativa que articula modernización tecnológica, transparencia, accesibilidad e inclusión, como así también la coordinación permanente entre la Legislatura, los municipios y los organismos estatales. Al mismo tiempo, impulsa una pedagogía del derecho que acerca la normativa vigente a la ciudadanía y promueve el uso responsable de la información jurídica.

La continuidad del proceso a lo largo de distintas presidencias legislativas expresa una decisión política sostenida: ordenar el derecho para fortalecer el Estado y mejorar la calidad de vida de la población. Al ofrecer un sistema normativo claro, accesible y estable, el Digesto Jurídico convierte a Misiones en una referente en materia de modernización legislativa y abre nuevas posibilidades para planificar políticas públicas, promover inversiones y garantizar derechos en todo el territorio provincial.